Una propuesta sobre la salud en Chile

Reseña del conversatorio

El sistema de salud chileno se encuentra atravesando una crisis estructural y una reforma de facto conducida principalmente por fallos de la Corte Suprema y por decisiones administrativas del gobierno, sin una ley marco que la ordene. Chile gasta cerca del 9,4% del PIB en salud, superando por primera vez el promedio de la OCDE, pero cerca del 30% de ese gasto se pierde en ineficiencias, licencias médicas fraudulentas y prestaciones innecesarias; además, un 30% del gasto sigue siendo de bolsillo, principalmente en medicamentos. El presupuesto se compone de unos 3 billones de pesos en cotizaciones obligatorias del 7% y un billón adicional en pagos voluntarios, con seguros complementarios que crecen aceleradamente hacia el billón de dólares. Fonasa, con 15,5 millones de beneficiarios, ha absorbido masivamente cotizantes provenientes de isapres, ha extendido el copago cero a los tramos B, C y D, y compite con isapres cuyo costo por usuario se ha ido acercando al público. La deuda de las isapres derivada del fallo sobre la tabla de factores bordea los 1.400 a 1.800 millones de dólares, con vencimiento regulatorio el 12 de mayo, mientras arrastran a los prestadores privados que subsidian la atención de Fonasa (Clínica Dávila, Vespucio, entre otras) y que ya cierran camas y despiden personal. Las listas de espera acumulan alrededor de 40.000 muertes anuales, sin sensibilidad política ni ciudadana. Frente a esto, el expositor advierte que el gobierno avanza ideológicamente hacia un seguro único estatal, minimizando las isapres mediante estrangulamiento financiero. Propone, en cambio, transitar hacia un modelo bismarckiano de seguridad social con aseguradoras privadas reguladas, tarifa plana, subsidios cruzados y sin preexistencias, complementado con seguros regulados por la Superintendencia de Salud, mecanismos de pago paquetizados tipo GRD y una reforma estructural del régimen de licencias médicas, hoy financieramente insostenible.

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