Una visión sobre la educación en Chile

Reseña del conversatorio

La expositora sostiene que la gran reforma educacional de 2015, conocida como Ley de Inclusión, se centró en una redefinición ideológica del régimen de lo público, poniendo fin al lucro, al copago y a la selección en la educación financiada por el Estado, pero sin abordar el problema central: la calidad. La evidencia empírica indica que no existen diferencias sustantivas de rendimiento entre sostenedores municipales, particulares subvencionados con o sin fines de lucro, y que la heterogeneidad interna es enorme en todos ellos, por lo que segmentar la política por tipo de dependencia carece de sentido. Los datos del SIMCE 2023 son alarmantes: en cuarto básico el 43% está en nivel insuficiente en lectura y sobre el 70% no alcanza el nivel adecuado; en segundo medio el 50% está en nivel insuficiente y el 80% no logra el nivel adecuado, con cifras aún peores en matemáticas. La cobertura escolar es cercana al 100% en básica y 85% en media, pero la educación parvularia tiene menor cobertura que la superior, algo anómalo a nivel mundial. Chile invierte 3,5% del PIB en educación escolar, similar a la OCDE, pero de manera menos eficiente por la atomización de la oferta (cerca del 50% de los colegios tiene menos de 200 alumnos, cuando el mínimo sostenible con calidad es 800). El fin de los liceos emblemáticos redujo a la mitad la proporción de sus estudiantes en el decil superior de la PAES. El nivel socioeconómico sigue siendo el principal predictor del rendimiento, con brechas brutales: el 8% de la matrícula particular pagada concentra cerca del 50% del decil superior. Como propuestas plantea priorizar inversión en educación parvularia y básica, exigir matrícula mínima a los sostenedores subvencionados, otorgar mayor autonomía a los establecimientos, fortalecer la formación y retención docente, y focalizar apoyos en estudiantes con mayores dificultades.

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